El presidente de la Diputación firma con seis entidades bancarias la operación de 283 millones de euros con un tipo máximo del 0,007% anual
Suma anticipará a los ayuntamientos de la provincia un total de 283 millones de euros para garantizar su liquidez gracias a la operación de tesorería que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha firmado con distintas entidades bancarias.
El sistema de anticipos permite de esta forma a los municipios que tienen delegada la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) en Suma afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos.
Además, esta operación se ha cerrado con los intereses más bajos de su historia, ya que se ha conseguido un tipo de interés máximo del 0,007% anual gracias a la sólida situación financiera del organismo tributario de la Diputación de Alicante, a la voluntad de la banca y a las negociaciones llevadas a cabo con las entidades firmantes: Banco Sabadell, Bankia, Caixabank, Eurocaja Rural, Caixa Ontinyent y Caja Rural Central.
“En un momento económico complicado hemos conseguido cerrar con seis entidades financieras una operación de tesorería, con un tipo de interés muy bajo, que nos permitirá adelantar a nuestros municipios gran parte de la recaudación de sus impuestos”, ha destacado la vicepresidenta de Suma y diputada Tesorería, María Gómez, presente también en la firma, quien ha insistido en “el compromiso absoluto de la Diputación de Alicante con los ayuntamientos de la provincia a los que, con esta medida, facilitamos liquidez para que puedan seguir prestando de forma eficiente y eficaz los servicios que necesitan los ciudadanos”.
Los 283 millones de euros ya se han puesto a disposición de los consistorios y han sido 127 los que han solicitado a Suma un adelanto a cuenta de la recaudación del IBI y el IAE. Dichos anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada de cada ayuntamiento para el ejercicio en curso, estableciéndose un máximo del 75% de dicha comisión.
A partir de ahí, los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en nueve mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes.
