El pleno de la Diputación aprueba una declaración institucional de condena a intervención militar de Rusia
La Diputación de Alicante habilitará una partida de emergencia de dos millones de euros con el objetivo de ofrecer ayuda humanitaria para Ucrania, tal y como ha anunciado esta mañana el presidente de la institución, Carlos Mazón, durante el pleno celebrado esta mañana en el que de forma unánime todos los grupos políticos han condenado, a través de una declaración institucional, la invasión de Rusia contra este país.
Según ha avanzado el dirigente alicantino, tras acordarse en Junta de Gobierno, se ha iniciado el proceso para la puesta en marcha de esta línea de ayudas, que se sufragará con remanentes, destinada a dar cobertura a los distintos programas y proyectos humanitarios y de emergencias que las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales de la provincia están desarrollando para atender al pueblo ucraniano.
“La partida de emergencia que actualmente esta vigente en el presupuesto – dotada inicialmente con 5.000 euros- se incrementará con dos millones de euros extraordinarios, el más alto en la historia de esta institución en este ámbito, para ponerlos a disposición de las ONGs buscando de esta forma la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano”, ha indicado Mazón, quien ha explicado que la iniciativa se abordará de forma monográfica en Junta de Portavoces “buscando la unión en esta cuestión”.
Asimismo, en la declaración firmada por todos los grupos políticos se manifiesta la intención de la Diputación de poner sus instalaciones a disposición de los refugiados procedentes de Ucrania que lleguen a la provincia huyendo de la guerra con menores de edad y personas vulnerables.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, quien ha sido encargado de leer el documento conjunto, ha manifestado que “queremos reivindicar el No a la guerra de forma rotunda y clara y condenar el bombardeo militar dirigido por Vladímir Putin”.
Convocatorias de ayudas
El pleno ordinario de marzo también ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para inversiones en caminos de titularidad no provincial, dotada inicialmente con dos millones de euros, que se incrementará hasta alcanzar los 4.325.000 euros con el fin de dar cobertura a las 82 peticiones presentadas por los consistorios, tal y como ha avanzado el diputado de Carreteras, Alejandro Morant.
Asimismo, se han aprobado las bases de las ayudas impulsadas por Ciclo Hídrico para asistir a los ayuntamientos en la planificación de infraestructuras hidráulicas de sus municipios, en este caso con 400.000 euros. En Deportes, finalmente, se destinarán 200.000 euros a colaborar también con los municipios en la adquisición de equipamiento y material deportivo.
Mociones
Por otra parte, durante la sesión plenaria el Grupo Popular ha defendido una moción, a la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Ciudadanos, en la que reclama el cese inmediato de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, por argumentar que la falta de material de protección frente al Covid de los sanitarios de la Comunitat durante la pandemia fue debido a que estos lo sustraían.
“Este tipo de afirmaciones por parte del Consell son inadmisibles”, ha indicado el diputado del Centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, quien ha calificado de “nefasta” la gestión sanitaria por parte del gobierno del Botànic. “La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que peor ha protegido a sus profesionales sanitarios durante la pandemia, a quienes, además, ha maltratado y vilipendiado”, ha señalado Roselló, quien ha reclamado, además, a la Generalitat que retire el Recurso de Suplicación contra la sentencia del 7 de enero dictada por el Juzgado de lo Social nº5 de Alicante en la que se condena a la Conselleria de Sanitat a indemnizar a los médicos por no proveerles de suficientes equipos de protección durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción de reprobación a la consellera de Sanidad, pero ha pedido que se dé un paso más allá con la inclusión de una enmienda que amplíe las exigencias dirigidas a la Generalitat para mejorar el sistema sanitario, que ha sido aprobada. En este sentido, ha planteado “atender necesidades clamorosas, que están a la vista de todos” como el aumento de las plantillas en los centros de salud para evitar cupos por encima de 1.300 pacientes y dedicar también mayores esfuerzos a la formación y a la investigación
“Se necesitan más recursos para atender los servicios de asistencia domiciliaria, con los vehículos y los conductores necesarios, mejorar la seguridad y puntos de urgencias que estén abiertos 24 horas con personal suficiente atender dignamente a los ciudadanos”, ha exigido. Respecto al recurso presentado por la administración autonómica a la sentencia favorable al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, Gutiérrez ha subrayado que “atenta contra la dignidad de los profesionales de la salud”. Según ha manifestado, “lo más honroso sería que la Generalitat dirigiera todos sus esfuerzos, no a desacreditar a los sanitarios, sino a evaluar las flaquezas del sistema adoptando las medidas necesarias para que nunca vuelvan a quedar expuestos ante cualquier nueva amenaza sanitaria”.
La oposición ha votado en contra de la moción y ha defendido la gestión sanitaria realizada por la Generalitat durante la pandemia. ”El Gobierno valenciano, ante una situación tan compleja, ha sido capaz de gestionar el día a día de la crisis y ha demostrado su trabajo y entrega para conseguir salir de la misma”, ha dicho el portavoz socialista, Toni Pérez, mientras que Fullana ha resaltado la inversión en materia sanitaria del Botànic frente a los gobiernos del PP.
En el apartado de mociones, también se ha rechazado con los votos en contra de los grupos Popular y Ciudadanos la propuesta formulada por el portavoz de Compromís solicitando la destitución del diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, por “falsear datos de los ingresos reales de las ayudas a empresas durante el Covid”, a la que se ha sumado también el Grupo Socialista, aunque ha llegado a ofrecer su abstención si el grupo Popular retiraba la moción de reprobación a la consellera Barceló.
Ante las declaraciones de Fullana, quien ha acusado al responsable de Fomento de “mentir y gestionar inadecuadamente estas ayudas”, Cañadas ha defendido la actuación de su departamento y ha ofrecido una breve cronología de todos los hechos relacionados con la puesta en marcha de estas ayudas y de la información que puntualmente se ha ido suministrando a Compromís cada vez que la ha requerido “con el fin de dejar claro que no ha habido desinformación y mucho menos mentiras”.
Cañadas ha explicado que a lo largo de la tramitación de las ayudas, las cifras han ido cambiando – hay renuncias, justificaciones más bajas, etc- y ha admitido que en un momento determinado hubo un error, “en ningún caso intencionado”, en el cálculo del porcentaje transferido a los ayuntamientos del que se informó por escrito a la oposición. “Este diputado no miente. Se puede equivocar, pero no miente”, ha insistido el responsable provincial, quien ha cifrado finalmente en 6,9 millones de euros la cuantía total de las obligaciones reconocidas a finales de febrero.
En este sentido, ha manifestado que “quiero dejar claro y transparente que la Diputación no paga directamente a pymes y autónomos sino a los ayuntamientos cuando presentan la justificación –ninguno solicitó el anticipo hasta el 100% contemplado en las bases- y que las cantidades totales varían a lo largo de la tramitación porque los consistorios piden una cantidad y la justificación es más baja, porque hay renuncias y porque algunos piden y luego no presentan la documentación”.
Finalmente, todos los grupos han respaldado una moción firmada por el Grupo Socialista en defensa y apoyo a las personas más vulnerables y una declaración institucional de toda la corporación con motivo de la celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer. El pleno también ha aprobado el I Plan de Igualdad del Personal de la Diputación.
