El pleno respalda por unanimidad la creación en 2021 de líneas de ayudas para colaborar en la gestión de residuos sólidos urbanos, tanto con los pequeños municipios como con las localidades de la Vega Baja
El pleno de la Diputación de Alicante, el primero presencial tras el estado de alarma, ha aprobado esta mañana, con el apoyo de los grupos Popular y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Compromís, una moción en la que se requiere a todos los grupos políticos con representación en la legislatura 2015-2019 que presenten la contabilidad económica de las asignaciones recibidas.
La propuesta, realizada por el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, como enmienda a la totalidad a una moción de Compromís, pide a todos los grupos que “pongan a disposición de este pleno la contabilidad específica de la dotación económica recibida, justificando ante el mismo que los fondos recibidos se han destinado a sufragar gastos corrientes derivados de su funcionamiento, en conformidad con la normativa legal en vigor en cada ejercicio”.
El también diputado de Infraestructuras ha asegurado que la moción inicial defendida por Gerard Fullana, en la que solicitaba requerir al Partido Popular la documentación de los gastos, “busca solo erosionar este gobierno, obviando que, gracias a la labor de Ciudadanos, por primera vez en la historia de esta institución todos los partidos representados han aprobado una ordenanza que realmente fiscaliza dónde va a parar el dinero de los contribuyentes”.
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, ha acusado a Compromís de “mentir y desinformar” y ha señalado que “la Diputación no tiene competencias para pedirle a un partido político un informe que ya ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas”, órgano que, ha recordado, “nunca ha cuestionado y puesto en duda las transferencias del Grupo Popular de la Diputación al PP”.
Ayudas gestión residuos y profesionales fiestas populares
Durante la sesión plenaria, se ha acordado, asimismo, impulsar en 2021 una línea de ayudas para la gestión de los residuos sólidos urbanos para los municipios de menos de 5.000 habitantes, mancomunados o no de la provincia, con criterios objetivos como la población, la superficie, la densidad y el número de pedanías, favoreciendo, en todo caso, a aquellos que estén mancomunados y que realicen un mayor esfuerzo en la recogida selectiva y el reciclaje.
El acuerdo es fruto de una enmienda a la totalidad presentada por los grupos del equipo de gobierno a una moción de Compromís. El texto aprobado finalmente, con la abstención de los grupos de la oposición, plantea, además, una partida extraordinaria por parte de la Diputación de 164.000 euros para sufragar parcialmente el coste de este servicio a los ayuntamientos del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, al tiempo que pide una aportación igual a la Generalitat para este mismo fin.
El diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, ha explicado que “esta propuesta mejora sensiblemente las ayudas para la gestión de residuos concedidas hasta la fecha, ya que los beneficiarios pasarán de 64 a 84 municipios”.
La Diputación de Alicante también ha manifestado, a propuesta del grupo Socialista, su compromiso de apoyar a los artistas y colectivos vinculados a las fiestas populares de la provincia, que se han visto especialmente afectados por la crisis de Covid19. Además de crear una línea de colaboración económica, se ha aprobado instar al Consell a establecer un grupo de trabajo conjunto con el fin de garantizar el mantenimiento de las profesiones artesanas vinculadas con estas celebraciones.
Limpieza y seguridad
Los grupos de la Diputación también han dado el visto bueno esta mañana a los expedientes de contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza de los centros y dependencias pertenecientes a la institución provincial y otras entidades, contratos ambos que rondan los 9 millones de euros.
Sobre el contrato de seguridad, el diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha destacado que “todos los criterios de valoración son objetivos y cuantificables”, entre ellos el menor precio, el número de vigilantes habilitados en nuestra provincia, la mejora de la capacidad de respuesta o cuestiones sociales como un mayor porcentaje de contratos indefinidos o un incremento del 5% sobre el convenio colectivo estatal del sector.
El diputado de Conservación de Edificios, Alejandro Morant, también ha defendido la implementación y mayor peso de los criterios sociales y medioambientales incluidos en el expediente de contratación del servicio de limpieza.
En este sentido, ha señalado que se tendrán en cuenta “los aspectos tendentes a la mejora del medio ambiente, así como criterios sociales que incluyen la flexibilización de horarios y servicios que favorezcan la conciliación familiar, el apoyo a la obtención de recursos para la atención a menores o dependientes, la promoción profesional o la estabilidad en el empleo”.
Día del Orgullo
El pleno ha aprobado, finalmente, una declaración institucional firmada por toda la corporación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ. El texto, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, resalta que el Día del Orgullo “es una fecha para la visibilidad, la reivindicación y la esperanza”, al tiempo que reconoce el “papel insustituible” que juegan las entidades locales, con independencia de su tamaño, “como garantes de los derechos de libertad y de igualdad que rigen nuestro estado de bienestar”.
“Es en el nivel local donde se construyen realidades y donde se despliegan medidas necesarias de sensibilización y cohesión, de atención integral de género y de antidiscriminación, accesibles a toda la población”, expone la declaración, en la que se insta, en este sentido, a condenar cualquier acto de violencia que tenga su origen en la orientación sexual y la identidad de género y a impulsar medidas específicas para el colectivo LGTBIQ e invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación.
Pleno presencial
Los 31 diputados han participado en el pleno, por primera vez desde que se decretó el estado de alarma, desde el propio hemiciclo, que ha sido adaptado para garantizar la seguridad de los asistentes y las distancias necesarias, lo que ha obligado a utilizar las filas dedicadas a los medios de comunicación.
