La Diputación de Alicante creará un departamento de Compra Pública de Innovación para impulsar proyectos transformadores

La Diputación de Alicante trabajará en la creación de un departamento de Compra Pública de Innovación (CPI) movilizando con este fin, entre 2021 y 2022, un total de 60.000 euros para el desarrollo de las primeras actividades en esta materia, en las que se involucrará, además, a las empresas innovadoras del entorno. Esta partida proviene de la ayuda concedida por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), que ha incluido a la institución alicantina -la única de la Comunitat- en su convocatoria de subvenciones.

Según ha explicado el diputado de Innovación y Agenda Digital, Adrián Ballester,  “el objetivo principal del proyecto se centra en la realización de acciones preparatorias para la capacitación de la Diputación de Alicante en CPI, a través de la realización de un conjunto de actividades destinadas a la creación y consolidación de un equipo de expertos en compra pública de innovación y la implementación de los procesos necesarios para transformar la Diputación y sus municipios en una entidad dinamizadora de la innovación en el ecosistema valenciano”.

Además, estas acciones preparatorias cristalizarán en el lanzamiento de un piloto para la transformación digital de los municipios de la provincia de Alicante. “Como prioridad estratégica para la Diputación se ha identificado la innovación en sus servicios municipales a través de la aplicación de nuevas tecnologías en aras de transformar la provincia en un área inteligente”, ha apuntado el también portavoz del equipo de gobierno.

Con este fin, el proyecto se estructura en diferentes actividades, que incluyen la formación especializada de los técnicos de la Diputación, la identificación de necesidades no resueltas y el lanzamiento de un primer proyecto en forma de consultas preliminares del mercado, en las que las empresas podrán contrastar sus capacidades con los retos públicos.

La compra pública de innovación es un instrumento que, apoyado en la contratación pública, permite, por un lado, la transformación de la administración mejorando los servicios públicos y, por otro, ofrecer oportunidades a las empresas innovadoras para probar y escalar sus soluciones con un cliente público. La CPI está empezando a figurar en la agenda estratégica de algunas ciudades como instrumento clave para resolver retos urbanos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, del mismo modo, lo es cada vez más para las diputaciones en el ámbito de sus competencias.