Una de las líneas de estas ayudas está destinada a paliar situaciones extraordinarias provocadas por el Covid-19 y la crisis energética, entre otras
La Diputación de Alicante ha destinado en lo que va de legislatura más de 1,2 millones de euros a garantizar prestaciones sociales tanto al Ayuntamiento de Orihuela como a entidades sin ánimo de lucro de la localidad. Así lo ha confirmado la diputada de Servicios Sociales e Igualdad, Mari Carmen Jover, durante la visita realizada esta mañana junto a la diputada de Proyectos Europeos y Patrimonio, María Gómez, a uno de los centros respaldados por la institución provincial en este municipio.
Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2022, el consistorio oriolano ha recibido 992.000 euros destinados a paliar situaciones extraordinarias provocadas por la pandemia de la Covid-19, por la acogida de refugiados procedentes de Ucrania o por la pobreza energética. Mari Carmen Jover ha explicado que “esta línea de ayudas de la Diputación está encaminada a favorecer la integración y cooperar con los ayuntamientos de la provincia para dar asistencia a los colectivos que, por distintas razones, viven en situación de especial vulnerabilidad”.
Las diputadas provinciales han recorrido las instalaciones de ADÍEM, una fundación cuyo objetivo es la integración social de las personas con problemas de salud mental o diversidad funcional, así como de las personas en situación de dependencia. Junto a la presidenta de ADÍEM, Gertrudis Marcos, han conocido de primera mano las necesidades e inquietudes de esta asociación, así como el testimonio de algunos usuarios que han relatado su experiencia y han explicado su trabajo en el centro.
La colaboración en materia social de la institución provincial se extiende también a las entidades sin ánimo de lucro que, en el caso del municipio de Orihuela, han recibido durante este mandato 272.000 euros. Las ayudas económicas de la Diputación están dirigidas a impulsar actividades de carácter formativo y terapéutico, sufragar gastos de desplazamiento para convivencias, el sostenimiento de servicios estables de información, orientación, intervención psicosocial e integración laboral y la adquisición de bienes inventariables, entre otras acciones De estas inyecciones se beneficiarán los colectivos con necesidades socio-sanitarias o en situación de especial vulnerabilidad social como las personas con diversidad funcional, los mayores o los menores que requieren protección.
