Representantes de las tres administraciones mantienen un encuentro de trabajo en la Diputación para poner en común las líneas de actuación
Representantes políticos y técnicos de la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Murcia se han reunido esta mañana en la institución provincial alicantina con el objetivo de coordinar y perfilar los argumentos de defensa del trasvase Tajo-Segura, tanto en lo relativo al aumento de los caudales ecológicos, recurrido por las tres administraciones ante el Tribunal Supremo, como a la actualización de las reglas de explotación de este acueducto que el Ministerio de Transición Ecológica abordará próximamente.
El presidente Toni Pérez, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Javier Sendra, el director general de Agua de Murcia, José Sandoval, y su homóloga en Valencia, Sabina Galindo, han participado en este encuentro de trabajo junto a los expertos hídricos Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Joaquín Melgarejo, miembro de la Comisión Provincial del Agua y director de la Cátedra del Agua de la UA, y Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la UA y la jefa de Servicios Jurídicos de la Diputación, Eva Gutiérrez. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en Les Corts, la diputada María Gómez, y la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, también han asistido.
Durante la reunión, y en relación con el aumento de los caudales ecológicos fijados en la nueva planificación hidrológica del Tajo, se han expuesto los diferentes argumentos técnicos y jurídicos que tanto Diputación, Gobierno de Murcia y Generalitat recogen en sus demandas ante el Tribunal Supremo, que en el caso de las dos primeras administraciones se deben formalizar próximamente. El objetivo, tal y como ha apuntado Serna al término de la reunión, ha sido “poner en común las estrategias y coordinar la defensa para reforzar de esta forma la posición del levante español ante la nefasta política hídrica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado”.
La arbitrariedad y falta de justificación en la fijación de los caudales, que crecen gradualmente hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo de media en los tramos afectados sin que existan estudios técnicos y científicos que avalen la subida escalonada, o la falta de coordinación de los planes de cuenca son algunos de los principales argumentos que sostienen estas tres administraciones, que acompañarán sus demandas de diferentes estudios e informes elaborados por expertos sobre el impacto socioeconómico, medioambiental o hidrológico del recorte del trasvase. En este sentido, durante el encuentro, los técnicos han vuelto a poner de manifiesto que el aumento de los caudales “no garantiza una mejor preservación del ecosistema o de la calidad de las aguas”.
Respecto a las normas de explotación, que deberían actualizarse en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica, se ha abogado porque la Diputación de Alicante y los gobiernos de Murcia y Valencia “hagan causa común” y planteen al Ministerio de Transición Ecológica una propuesta conjunta en relación con esta cuestión, que supone también un recorte en el agua trasvasada al Segura. La propuesta pasaría, entre otras cuestiones, por crear un grupo de trabajo técnico entre Administración Central y comunidades autónomas para abordar la actualización de las reglas de explotación.
