La Comunidad de Murcia y la Diputación de Almería se incorporarán a una comisión específica sobre el Tajo-Segura según el acuerdo
La defensa de los intereses hídricos de la provincia ha centrado hoy el pleno de la Diputación de Alicante en el que, por un lado, se ha aprobado, sin votos en contra, la nueva organización de la Comisión Provincial del Agua y, por otro, una moción del grupo Popular, en este caso con el apoyo de todos los grupos políticos, para instar al Gobierno de España a autorizar el trasvase Tajo-Segura para regadío y a impulsar un Pacto Nacional por el Agua.
Respecto a la nueva composición de la Mesa del Agua, aprobada con el voto favorable de los grupos PP y Ciudadanos y la abstención de los Grupos PSPV y Compromís, la propuesta inicial, que preveía la incorporación como vocales de forma permanente de la Comunidad de Murcia y de la Diputación de Almería, ha sido modificada y ambas administraciones entrarán a formar parte de una comisión específica sobre la defensa del trasvase Tajo-Segura, en la que también podrán participar todas aquellas entidades de especial interés que se considere. Además, la designación de ocho vocales por parte del presidente de la Diputación se realizará a propuesta conjunta de los grupos políticos.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha explicado que ambos cambios, que habían sido propuestos por Compromís, se han realizado “con el objetivo de buscar hasta el último momento el máximo consenso” para la aprobación de este punto, y aunque ha agradecido la abstención de la oposición, ha lamentado especialmente la actitud del PSOE, que ha solicitado que se retirara el asunto del orden del día.
“Pensaba que la defensa clara de los intereses hídricos de la provincia de Alicante era un tema consensuado, pero lo que no sabía era que su voto a favor o en contra pudiera depender de una propuesta tan sencilla como la de recabar más y mejores apoyos para un camino muy complicado que tenemos por delante”, ha indicado Mazón, quien ha recordado, además, frente a las críticas que acusan a la institución de invadir competencias en materia de agua que “gracias al trabajo de la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua se ha podido defender adecuadamente lo que otras instituciones, como la propia Generalitat Valenciana, no han realizado. Eso no es invadir competencias, sino asumir una responsabilidad cuando otros no son capaces de realizarlas”, ha añadido.
En este sentido, el presidente ha señalado que ve al president Ximo Puig y al PSPV “timoratos en la defensa del trasvase Tajo-Segura” y ha calificado de “sinvergonzonería” los “ataques del Gobierno de España a los intereses hídricos de la provincia”, de forma especial los de la ministra de Transición Ecológica y nueva vicepresidenta, Teresa Ribera, “principal enemiga del trasvase”. Por el contrario, ha agradecido el apoyo demostrado por la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, a las peticiones de los regantes de la provincia.
“Todo aquel que no alce la voz como corresponde frente a los ataques del Gobierno de España está traicionando los intereses futuros de esta provincia”, ha concluido el presidente en la defensa de este asunto, animando, finalmente, al Grupo PSOE en la Diputación a “anteponer los intereses de la provincia a los de su propio partido y sumarse al consenso”.
Por su parte, el portavoz de Cs y miembro del equipo de gobierno, Javier Gutiérrez, ha apuntado “la necesidad de sumar todos, alzando una voz unánime, para ofrecer un foro de debate constructivo y de análisis, donde se puedan plantear soluciones realistas y propuestas encaminadas a garantizar el futuro y eliminar un panorama de incertidumbre”.
El Tajo-Segura ha sido también objeto de la moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Ejecutivo Central a autorizar el trasvase de agua para regadío. Tras incorporar una enmienda de Compromís, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.
La moción, defendida por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, reclama al Gobierno que apruebe este trasvase “dejando de lado los criterios sectarios y partidistas” y le insta a abrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua.
“Esta decisión pone en riesgo nuestro sector agrícola y la economía del levante español”, ha lamentado Serna, quien ha insistido en que la trascendencia del Tajo-Segura obliga a que cualquier medida que se tome sobre el mismo “tenga como criterios rectores la solidaridad y la búsqueda de la cohesión territorial y se fundamente en evidencias técnicas”.
En este mismo sentido, Javier Gutiérrez, en nombre de Cs, ha indicado que “ahora es más importante que nunca apostar por un nuevo modelo y, sobre todo, no mantener un doble lenguaje en cada comunidad autónoma, como en los últimos días hemos visto que ha hecho el PSOE en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Digan la verdad de lo que va a pasar con este trasvase vital para nuestra provincia ahora que están en el Gobierno”.
Apoyo a la Jefatura del Estado
Durante la sesión plenaria también se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Ciudadanos en la que se muestra el “apoyo y respeto” de la institución provincial al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales incluidos la Jefatura del Estado.
La Diputación expresa así su rechazo a las palabras vertidas contra la Corona por el portavoz del grupo parlamentario EH-Bildu durante el pleno de investidura del pasado 5 de enero, pidiendo en este sentido “que se retracte”.
El texto defendido por el portavoz del grupo Cs insta también al presidente del Gobierno “a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una ‘mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”, al tiempo que la pide que “cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal”. El acuerdo ha salido adelante con el apoyo de los populares y el rechazo de los diputados de la oposición.
Libre elección lengua vehicular
Por otra parte, el Grupo Popular ha aprovechado el pleno ordinario del mes de enero para defender de nuevo el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos. Para ello, reclaman al Consell que derogue los artículos de la Ley del Plurilingüismo que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano de acuerdo a la singularidad del territorio en el que se reside.
“El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un ‘modelo único en valenciano’ y acabar con el derecho de las zonas castellano hablantes”, ha defendido el diputado del Gobierno de la Diputación, Miguel Ángel Sánchez, quien ha solicitado, además, a la Conselleria de Educación a que cualquier instrucción que se le dé a los centros educativos “sea por escrito para dar respaldo jurídico a los mismos”. De esta forma, critica la propuesta que el conceller Vicent Marzá hizo a los centros durante una reunión celebrada recientemente en Orihuela “en la que con toda falta de rigor proponía el incumplimiento de la norma”.
Finalmente, la moción defendida por el grupo Popular, con el apoyo de Cs y el voto en contra de PSOE y Compromís, insta a que se aprueben los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación, los resultados académicos y una consulta vinculante a las familias y a que el Consell vele por que haya una oferta suficiente en castellano y valenciano “para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la que quieran que sus hijos sean escolarizados”.
