Los Servicios Jurídicos de la institución presentan el contencioso administrativo contra el decreto del Gobierno que modifica las normas de explotación
Los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante han interpuesto ya ante el Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El procedimiento judicial fue presentado el pasado jueves ante el alto tribunal al entender, desde la institución provincial, que esta medida, que entró en vigor el pasado mes de julio y que redujo la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos, es arbitraria y extemporánea y atenta contra los intereses de la provincia de Alicante.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha manifestado que con este recurso “damos un paso más en la defensa legítima de nuestra provincia y de nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa”.
“Como ya hemos dicho muchas veces, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a defender a ultranza una infraestructura que es vital para para esta provincia, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”, ha señalado Mazón. Asimismo, ha recordado que, además de este recurso, desde la Diputación de Alicante se han presentado alegaciones ante los “continuos recortes” promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se han respaldado distintas movilizaciones en defensa del trasvase que, ha advertido, “se intensificarán si, como nos tememos, el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en su funesto plan”. En este punto, ha señalado que está previsto que en diciembre se apruebe el incremento de los caudales ecológicos “lo que dará la puntilla definitiva a esta obra”.
En este sentido, el presidente alicantino ha vuelto a criticar al ejecutivo socialista “por ningunear y agraviar a la provincia de Alicante, atentando contra sus intereses de forma reiterada ya que todos los meses, desde hace más de dos años, adopta decisiones, sin ningún tipo de criterio técnico y científico que las avale, cuyo único objetivo es acabar con el trasvase, abocando a la ruina a miles de agricultores y regantes de esta provincia y del conjunto del sureste español”.
