El pleno aprueba la convocatoria de subvenciones no dinerarias para llevar a cabo actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal y evitar la pérdida de suelo y biodiversidad
La Diputación de Alicante invertirá 1.985.872 euros en impulsar distintas obras para la mejora de los montes afectados por el incendio de la Vall d’Ebo a través de una convocatoria de subvenciones no dinerarias que ha sido aprobada esta mañana por unanimidad por el pleno de la institución provincial. El objetivo de esta iniciativa es ejecutar proyectos de obra de recuperación de la cubierta vegetal, estabilizando el terrero y realizando tratamientos selvícolas fitosanitarios en el arbolado debilitado lo que contribuirá a evitar la pérdida de suelo y de biodiversidad.
Las subvenciones están dirigida a aquellos ayuntamientos que se beneficiaron de la primera convocatoria también lanzada por la Diputación en 2023 para financiar la redacción de proyectos, que fueron La Vall d’Alcalà, Benimassot, Castell de Castells, Pego, Planes, Tollos, La Vall d’Ebo y la Vall de Gallinera. Estos documentos técnicos fueron ratificados en su momento por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
“Con esta nueva convocatoria que hemos aprobado hoy en el pleno vamos a pasar a la fase de ejecución de los proyectos con actuaciones concretas que contribuyan a mejorar las masas forestales afectadas por un devastador incendio que calcinó más de 12.000 hectáreas”, ha destacado la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, quien ha precisado que en sucesivas convocatorias se cubrirán otros proyectos para seguir reforzando la regeneración de la cubierta vegetal de la zona.
Durante la sesión plenaria de marzo también se ha dado el visto bueno en materia de medio ambiente a la convocatoria de subvenciones no dinerarias consistentes en la entrega de mobiliario urbano -bancos y papeleras- adquirido por la Diputación para lo municipios y entidades locales menores de la provincia presupuestada con 150.000 euros.
Por otro lado, también se ha ratificado en el pleno una línea de ayudas que busca reforzar la asistencia por parte de la Diputación a los municipios de menos de 20.000 habitantes para la redacción de documentos técnicos y servicios de control relacionados con el abastecimiento y saneamiento municipal. En este caso, la propia Diputación se encargará de redactar, para los ayuntamientos que resulten beneficiados, los planes directores de red de saneamiento o de pluviales, los proyectos de abastecimiento a diseminados sin conexión con la red de distribución, la redacción y seguimiento de planes de control de vertidos al alcantarillado y control analítico o el servicio de control de vertidos y efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales. Para este fin la institución provincial destinará un presupuesto de 818.000 euros.
La corporación provincial ha aprobado, asimismo, por unanimidad, el reconocimiento de la figura de Miguel Valor, dedicándole su nombre a la sala situada en la entreplanta del Mubag.
Por otra parte, el grupo de Vox se ha vuelto a descolgar este año de la moción presentada conjuntamente por PP, PSOE y Compromís con motivo del día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha votado en contra.
Otras mociones
En el apartado de mociones, sí ha habido unanimidad en el respaldo a la propuesta conjunta formulada por el Grupo Socialista y el Grupo Compromís, a la que se ha incorporado una enmienda parcial del Grupo Popular, para impulsar una Comisión de Investigación sobre las irregularidades en el examen de oposición para auxiliares administrativos que convocó la Diputación.
Desde las filas socialistas, desde las que se ha pedido presidir esta comisión, se ha apuntado que el objetivo es “identificar a los responsables del error, ver si este era o no intencionado y si lo era, abrir expediente disciplinario”, ha apuntado José Ramiro, quien ha apuntado que de lo acontecido “se podría interpretar que la prueba podría haber estado amañada”.
La diputada de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, ha señalado que, como ya se comunicó en su momento, “hubo un error en el formato debido a un error humano y se decidió repetir la prueba”. “No hay nada que ocultar y hay absoluta transparencia”, ha insistido la diputada, quien ha acusado a la oposición de “querer hacer daño e ir en contra de determinados funcionarios. Solo quieren enturbiar y embarrar en esta institución ante un error que ya se reconoció y se enmendó”.
Por parte de Compromís, su portavoz, Ximo Perles, se ha mostrado convencido de que “el examen estaba amañado y hay que ver quien lo ha hecho y por qué”, una manifestación que el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha calificado de “irrespetuosa”, preguntando “para qué solicitan una comisión de investigación si ya lo tienen todo tan claro… ustedes no quieren investigar porque ustedes ya tienen veredicto”, se ha lamentado el dirigente alicantino.
La corporación provincial también ha debatido una moción del Grupo Socialista sobre la regulación de la actividad del caravaning en la provincia de Alicante, que no ha salido adelante por el rechazo del equipo de gobierno al exponer que esta cuestión compete a la Generalitat, que ya regula en este sentido, y no a la Diputación.
Tampoco ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos la propuesta presentada por Vox en torno a la mejora del transporte en la Vega Baja. Aunque el resto de formaciones respaldaban el título de la moción y la necesidad de mejorar la situación de movilidad, han rechazado el contenido de la misma por abogar, entre otras cuestiones, por eliminar zonas de bajas emisiones y parquímetros injustificados. “No son actuaciones de nuestra competencia, sino de la Generalitat y el Estado, y además los propios ayuntamientos tienen autonomía para regular estas cuestiones”, ha apuntado el diputado popular Carlos Pastor.
Finalmente, Compromís también se ha quedado solo en la defensa de su moción para reclamar la condonación justa, equitativa, suficiente y vinculada a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Desde el Grupo Socialista se ha defendido en este sentido la actuación que está realizando el Gobierno Central, mientras que el Grupo Popular, que ha presentado una enmienda que no ha sido aceptada, ha defendido una financiación justa, pero se ha mostrado contrario al punto que hacía referencia a la condonación de la deuda a las comunidades autónomas.
