Un total de 46 miembros componen este órgano que trabajará en una propuesta sobre la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura
La Diputación de Alicante ha acogido esta mañana la sesión constitutiva de la Comisión Provincial del Agua en la que se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del territorio. Durante la reunión, en la que también se han designado a los miembros de la Comisión Técnica de este mismo órgano, el presidente de la institución, Toni Pérez, ha pedido a todos, especialmente a los grupos políticos de la Diputación, “una alianza para defender con determinación y desde la unidad” los intereses hídricos de la provincia y ha argumentado que “frente a decisiones arbitrarias debemos reclamar rigor técnico”.
La Comisión, presidida por Pérez y cuya vicepresidencia recae en la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, estará integrada por otros once diputados en representación de todos los grupos políticos de la corporación – 5 PP, 4 PSOE, 1 Vox y 1 Compromís-; ocho vocales designados por el presidente; tres expertos de reconocida cualificación en materia de agua; cinco representantes de las comunidades de regantes o juzgados privativos de agua; siete alcaldes y dos representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Además, estarán representadas con un vocal cada una la Cámara de Comercio de Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) y Proaguas Costablanca.
Pérez ha agradecido a las personas y entidades su respaldo a dicha mesa, así como a todos los grupos políticos de la institución, a quienes ha pedido una “alianza en la defensa de los intereses legítimos de la provincia de Alicante”.
“Aquí no cabe la ideología, el agua no es una cuestión política y debemos de ser capaces de defender, con rigor y determinación, los recursos que necesita esta provincia ante unas decisiones que pueden crear un daño irreparable”, ha apuntado el presidente, quien ha defendido también, por otro lado, la “alineación perfecta” que ahora existe entre Diputación y Generalitat en esta materia.
Perez ha explicado que la Comisión Provincial del Agua “tiene, desgraciadamente, muchos deberes por hacer porque estamos ante una situación muy compleja por decisiones sectarias e ideológicas por parte del Ministerio de Transición Ecológica que nos están perjudicando porque reducen el agua disponible, no solo para la agricultura sino también para el abastecimiento”.
En este sentido, ha añadido que “con el agua no debería jugar nadie pero a esta tierra nos ha tocado la incomprensión de un Gobierno central que parece empeñado en perjudicar a quien hace las cosas bien, en este caso la provincia de Alicante que tiene una larga trayectoria en el ciclo integral del agua”.
Durante la sesión, el presidente ha dado también a conocer la composición de la Comisión Técnica, que estará presidida por el catedrático Joaquín Melgarejo, además de Andrés Molina como vicepresidente y los vocales Ángel Urbina, Arturo Trapote, Daniel Prats, Fernando Pérez Calvo, Francisco Santiago Andrés, José Navarro, Jose Vicente Benadero, Juan Luis Martínez, Juan Luis Paredes, Ramón Espinosa y Roque Bru Bonet, actuando como secretario Miguel Fernández Mejuto.
El orden del día de la sesión ha incluido también la actualización sobre la situación de la planificación hidrológica de las demarcaciones Júcar, Segura y Tajo y su repercusión en la provincia de Alicante. En este punto se ha contado con la intervención del profesor y experto Francisco Cabezas, quien ha anunciado que la Generalitat y el Gobierno de Murcia, junto a Alicante y Almería trabajan ya de forma coordinada en la elaboración de una propuesta de modificación de las reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura para elevarla al Ministerio.
En este sentido, ha recordado que estas nuevas reglas deberían estar aprobadas el próximo mes de febrero, tal y como estableció el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica.
El director del Instituto Euromediterráneo del Agua ha apuntado que Castilla-La Mancha elevó una propuesta al Ministerio sobre las nuevas reglas “que es muy adversa para el trasvase Tajo-Segura”, por lo que ha añadido que “es conveniente que nosotros también presentemos una propuesta bien armada técnicamente para que pueda ser tenida en cuenta”.
En este punto, y tras la intervención de varios ponentes, se ha establecido que una de las propuestas sea que en la revisión de las normas de explotación del Tajo-Segura se tenga en cuenta la formalización de unas reglas de explotación del Tajo-Guadiana, que actualmente no tiene, para que ambos trasvases esten coordinados y éste último no merme los caudales que llegan a la demarcación del Segura como ha ocurrido recientemente.
Cabezas ha vuelto a lamentar la falta de criterios técnicos que justifiquen y acrediten las decisiones que está adoptando el Ministerio de Transición Ecológica con respecto al trasvase Tajo-Segura. “Estas decisiones están creando una cuota de incertidumbre, imprecisión y arbitrariedad que es absolutamente negativa”, ha apuntado el experto, quien ha insistido en que “la situación es muy preocupante, confusa y genera inseguridad, lo contrario a lo deseable en el mundo del agua”.
Finalmente, durante esta reunión también se ha abordado en el orden del día la necesidad de impulsar institucionalmente el Corredor Verde del Río Monnegre que lidera la Diputación de Alicante, un proyecto para el que se busca financiación europea y que, tal y como ha destacado la vicepresidenta Ana Serna, reforzaría la actividad económica de la zona.
